El artículo maldito

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¿Cuánto es suficiente?

El problema más difícil para los autores de la Constitución democrática de España fue lograr un equilibrio entre el gobierno central y las reclamaciones de autogobierno de Cataluña, el País Vasco y Galicia.
La fórmula que surgió se conoce como café para todos, o el café para todos: España se dividió en 17 “comunidades autónomas” (más el enclave de las ciudades de Ceuta y Melilla en la costa de Marruecos), cada uno con su propio parlamento elegido y su propio gobierno. Este estado de las autonomías parecía ser una clara solución.
En los últimos 30 años se han transferido cada vez más competencias y más dinero. Los gobiernos regionales son ahora responsables de escuelas, universidades, salud, servicios sociales, la cultura, el desarrollo urbano y rural y, en algunos lugares, la policía. Sin embargo, es cada vez más evidente que a pesar de que ha resuelto algunos problemas, la descentralización ha creado otros.
El estado de las autonomías tiene varias ventajas claras. En primer lugar, como dice el señor Zapatero, que “extiende el poder e impide su concentración”, y de esa manera refleja “el mejor pensamiento liberal”. En segundo lugar, porque acercar las decisiones acerca de los servicios a las personas los ha mejorado. En tercer lugar, se alienta la competencia entre las regiones. La rivalidad entre Barcelona y Madrid pueden haber llegado al borde de la desconfianza, pero es en esencia una tensión creativa. Y en cuarto lugar, el sistema ha reducido las desigualdades regionales, o al menos el crecimiento de éstas se detuvo.
Para tener una idea del éxito de la descentralización, habría que apuntar no hacia Cataluña o el País Vasco, sino hacia el sur. En el decenio de 1970 Andalucía parecía mucho más cercana a África que a Europa —y no sólo geográficamente. Los trabajadores rurales vivían en una semi-servidumbre y uno de cada cinco adultos era analfabeto. Ahora se ha reducido la brecha con el resto de España en muchos sentidos. El sur sigue siendo más pobre que el norte, pero España ya no tiene nada parecido al Mezzogiorno italiano.
En otras partes del país Valencia y Zaragoza se han convertido en ciudades potentes con una vida económica y cultural propia, y en Bilbao la metamorfosis de un centro de la industria pesada en declive hasta convertirse en imán cultural y turístico, que empezó por su Museo Guggenheim, ya es un ejemplo clásico [de libro de texto] de regeneración urbana.
Todo esto ha tenido un precio político. En primer lugar, ha dado lugar al renacimiento de un viejo fenómeno político español: el cacique o jefe político provincial, como señala Antonio Muñoz Molina, uno de los principales novelistas. El señor Pujol gobernó Cataluña durante 23 años; Manuel Fraga, ex ministro de Franco y fundador del PP, gobernó Galicia durante 15 años; de Manuel Chaves, un socialista que ha dirigido el gobierno regional de Andalucía desde 1990, se dice que reina en lugar de gobernar.
Estos príncipes modernos tienen sus cortes. “Cada gobierno regional quiere sus propias universidades, sus museos de arte contemporáneo y su museo de la ciencia”, dice Josep Ramoneda, quien dirige el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. “En los Estados Unidos sólo hay un Hollywood. Aquí quieren 17.” En Andalucía el gobierno regional es, con diferencia, el mayor empleador y el mayor anunciante en la prensa regional. Cada gobierno regional tiene su propia estación de televisión. El señor Zapatero ha acogido la celebración periódica de “conferencias de presidentes” con sus homólogos regionales. La última atrajo a unos 600 periodistas. “Parecía la Asamblea General de la ONU, con seis o siete camiones con antenas satélite afuera”, señala Enric Juliana, periodista de La Vanguardia, un periódico de Barcelona.
Los gobiernos regionales se han involucrado incluso en la política exterior. Algunos tienen presupuestos de ayuda. El señor Muñoz Molina, quien fue el director de la oficina de Nueva York del Instituto Cervantes, un organismo para promover la cultura española, recuerda que los presidentes regionales suelen aterrizar en la ciudad con grandes despliegues. La mayoría de estas misiones están mal organizadas y no han logrado nada salvo una cobertura favorable de sus medios de comunicación cautivos.

Café sólo para nosotros

Sin embargo, esta panoplia de la descentralización no ha aplacado a los políticos en Cataluña, el País Vasco y Galicia. Eso es porque nunca quisieron café para todos: lo querían sólo para ellos mismos, como un reconocimiento de que ellos eran diferentes. Y lo quieren todavía, no importa que España sea ahora un país sumamente descentralizado donde los vascos, por ejemplo, disfrutan de un mayor grado de autonomía que cualquier otra región en Europa. Sus demandas hacen difícil la elaboración de un conjunto de normas estables y permanentes.
Los “nacionalistas” catalanes y vascos sostienen que, a diferencia de, digamos, La Rioja o Murcia, sus territorios son naciones, no regiones (o “nacionalidades”, según la tortuosa formulación de la Constitución), e invocan la historia para apoyar su reclamación. “Aquí el conflicto data de 1836,” insiste Joseba Aurrekoetxea, un dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), refiriéndose a la guerra carlista tras la cual el gobierno central revocó a los vascos sus “privilegios fiscales” (restaurados en 1979). “Cataluña siempre fue distinta”, dice Artur Mas, que sustituyó a Pujol como líder de CiU. Desciende del reino medieval de Aragón, y se rebeló contra Madrid en 1640 y en 1701.
Sin embargo, los nacionalismos catalán y vasco son creaciones de finales del siglo XIX. Derivan de la industrialización, que las convirtió en las regiones más ricas en el país, con trabajadores emigrantes de otras partes de España. En ese momento el Estado español, a diferencia de su homólogo francés, carecía de los recursos necesarios para integrar el país, dice Antonio Elorza, un sociólogo vasco de la Universidad Complutense de Madrid. De lo contrario Cataluña y el País Vasco hubieran sido integradas dentro de España, como Bretaña y Languedoc lo fueron dentro de Francia.
Tal vez porque la reivindicación histórica de la nación es débil, el idioma se ha convertido en una obsesión para los nacionalistas. Franco prohibió el uso público del catalán, el euskera (vasco) y el gallego. La constitución hizo de éstas lenguas oficiales junto con el español en sus respectivos territorios. En Cataluña, la política oficial de la Generalitat (gobierno regional), tanto los nacionalistas (algunos de los cuales son realmente localistas) y ahora los socialistas, es el “bilingüismo”. En la práctica, esto significa que todos la enseñanza primaria y secundaria se lleva a cabo en catalán, y que el español se enseña como lengua extranjera. El catalán es también la lengua de los gobiernos regionales. Un español que no habla catalán no tiene casi ninguna posibilidad de enseñar en una universidad de Barcelona. Una obra de teatro o una película o documental en español no serán subvencionados con fondos públicos. “Si no hacemos un gran esfuerzo para preservar nuestro propio idioma, éste corre el riesgo de desaparecer”, dice el señor Mas.

El catalán y el español son más o menos comprensibles entre sí. No como el euskera, que no pertenece a la familia de idiomas indoeuropeos. El Gobierno vasco permite a las escuelas elegir entre tres alternativas de planes de estudio: uno en euskera, otro en español y el tercero mitad y mitad. Pero en la práctica sólo las escuelas de las zonas pobres de inmigrantes ofrecen ahora el plan de estudios en español. A pesar de estos esfuerzos, el vasco y el catalán están lejos de ser universalmente hablados en sus respectivos territorios: sólo alrededor de la mitad de los catalanes utilizan habitualmente el catalán y alrededor de un 25% de los vascos hablan euskera.
El dogmatismo lingüístico de los nacionalistas está provocando una reacción. A principios de este año, el señor Savater, filósofo, junto con un grupo diverso de personalidades que van desde Plácido Domingo, el tenor, a Iker Casillas, portero del Real Madrid, firmaron un “manifiesto” en defensa del derecho de los ciudadanos a ser educados en español. Fueron denunciados como “castellano nacionalistas” en la prensa socialista. Pero tocaron un nervio. Muchos catalanes pensantes creen que el catalán estaría seguro si sigue siendo el idioma de las escuelas primarias, pero que Cataluña se beneficiaría mucho si permitiera una elección entre catalán y castellano en las escuelas secundarias.

El poder del lenguaje

La discusión sobre el lenguaje es en realidad sobre el poder. “El problema con los nacionalistas es que cuanto más les das, más quieren”, dice el señor Savater. Lo que algunos de ellos quieren es la independencia; todos ellos usan esto como una amenaza más o menos explícita para ganar más dinero público y más poder. La evidencia de los sondeos sugiere que sólo una quinta parte de los catalanes están remotamente tentados por la idea de independencia. La cifra de los vascos son de alrededor de un tercio, a pesar de 30 años de gobierno autónomo nacionalista y del control de la educación y los medios de comunicación, y pese a la salida de alrededor del 10% de la población a causa de la violencia de ETA, señala Francisco Llera, profesor (socialista) de ciencia política en Bilbao.
El apoyo político a ETA está disminuyendo, aunque no ha desaparecido. El PNV está dividido entre un ala a favor de la independencia, encabezada por Juan José Ibarretxe, el presidente del gobierno regional, y los autonomistas en el liderazgo del partido. El señor Ibarretxe quiere celebrar un referéndum sobre el derecho de los vascos a la libre determinación. El señor Aurrekoetxea afirma que ETA no debe tener un veto sobre si los vascos puedan expresar pacíficamente una opinión sobre el futuro.
El gobierno, el parlamento y los tribunales han bloqueado el plan de referéndum “porque está en contra de la constitución”, dice el señor Zapatero. “Sería darle la razón a ETA en su lucha sobre la base de que este es un pueblo oprimido”, dice José Antonio Pastor, un socialista vasco. Él y muchos otros políticos no nacionalistas y sus familias deben vivir con guardaespaldas permanentes. En algunas partes del País Vasco, en los valles rurales de las fronteras de Vizcaya y Guipúzcoa, los no nacionalistas no pueden hacer campaña libremente. Los socialistas tienen esperanzas de ganar las próximas elecciones regionales, en marzo. Para mejorar sus posibilidades, están siguiendo a sus compañeros catalanes y abrazando el nacionalismo cultural.
Sobornar a los nacionalistas vascos y catalanes con más dinero, se ha vuelto más difícil. El gobierno central representa en la actualidad sólo el 18% del gasto público, los gobiernos regionales gastan el 38%, los ayuntamientos (consejos municipales) un 13%, y el sistema de seguridad social se lleva el resto. Sin embargo, en el marco del nuevo estatuto de autonomía catalán hay más dinero que tiene que ser descentralizado. Durante los próximos siete años, Cataluña tendrá que aportar un porcentaje de la inversión pública equivalente a su peso en la economía española, que ascenderá a € 5 millones extra al año. Anteriormente, Cataluña, aunque la cuarta región más rica, recibió menos gasto público per cápita que otros. Se queja de que sus trenes de cercanías, en particular, han sido privados de fondos.
Los vascos no tienen esta preocupación: cada provincia del País Vasco y de Navarra recoge sus propios impuestos y entrega menos del 10% al gobierno central en Madrid. Sin embargo, se benefician del gasto en defensa de la administración central, y son beneficiarios netos del sistema de seguridad social. Como resultado, el gasto público por persona en el País Vasco es el más alto de España.
El nuevo estatuto catalán requiere al gobierno para lograr un nuevo acuerdo de financiación regional, aunque el del año 2001 se suponía que iba a ser definitivo. Pero es en a la administración central donde los españoles se dirigirán para las prestaciones por desempleo y el gasto que alivie la recesión. Los gobiernos locales parecen propensos a sufrir recortes presupuestarios para el año 2010, si no el año que viene.
La capacidad del gobierno para llevar a cabo las reformas económicas está también comprometida por la descentralización. A medida que los gobiernos regionales adquieren más y más poder para regular, las empresas se enfrentan a mayores costes. Ahora que servicio de empleo del gobierno se ha descentralizado, José María Fidalgo, el secretario general de la Comisiones Obreras, la mayor federación sindical, lamenta que quienes buscan trabajo tienen que buscar en 17 sitios web diferentes.
Hubiera sido más fácil para todos los interesados que España hubiera adoptado el federalismo en 1978. Que hubiera establecido reglas claras y sumado las responsabilidades de imposición y de gasto. El Senado podría se han convertido en un lugar donde las regiones estuvieran formalmente representados y pudieran resolver sus diferencias, como en el Bundesrat de Alemania. Sin embargo, el catalán y los nacionalistas vascos sólo aceptarían una confederación de varias “naciones”. El PP también se opone a federalismo.

En el ínterin España deberá salir del lío en que se ha metido. “El gran proyecto español no está en peligro, pero es como una planta que requiere una constante atención”, afirma Narcís Serra, antaño vicepresidente del señor González y ahora vicepresidente de Caixa Catalunya, una caja de ahorros. “Es importante que Cataluña esté cómoda en el proyecto.” El gobierno de Madrid podría hacer algunos gestos hacia las regiones, como mover algunos organismos reguladores u otros organismos nacionales fuera de la capital. Y realmente ¿sería el final de España si los vascos, al igual que los galeses, tuvieran su propio equipo nacional de fútbol?
En el resto del país, el antinacionalismo está empezando a actuar. El señor Savater y Rosa Díez, ex líder socialista vasca, han creado un nuevo partido de centro radical de la llamado Unión, Progreso y Democracia (UPyD), en un esfuerzo por combinar el liberalismo social con la defensa de la idea de España. Tienen la esperanza de beneficiarse de la creciente desilusión con las partes principales. A pesar de que carecía de dinero y el acceso a los medios de comunicación, UPyD ganó un 1,2% de los votos en las elecciones de marzo, lo mismo que el PNV. Sin embargo, debido a que el sistema electoral premia desproporcionadamente la concentración geográfica de los votos, el UPyD obtuvo sólo un diputado, la Sra Díez, en contra de los seis del PNV. Se espera hacerlo mejor en las eleccones para el Parlamento Europeo el próximo mes de junio, para las que todo el país cuenta como una sola circunscripción.

El artículo original en inglés, aquí

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